Cuando las suposiciones no bastan para decidir, es necesario establecer y documentar las circunstancias

Circunstancias observables en lugares de acceso público, siempre que lo permita el derecho aplicable: presencia, desplazamientos, visitas a organizaciones, actividad empresarial, uso y estado de un inmueble. Todo lo que requiera entrar en espacios privados, interceptar comunicaciones o instalar dispositivos queda fuera de nuestro trabajo.

Sí, pero las normas difieren considerablemente: lo permitido en una jurisdicción puede estar prohibido en otra. Antes de empezar evaluamos los requisitos del país e indicamos expresamente si el encargo no puede realizarse legalmente allí.

La admisibilidad procesal depende del derecho aplicable y de la valoración de los asesores jurídicos del cliente. Presentamos los materiales con fecha, intervalo temporal, contexto del lugar, procedencia y límites para facilitar su uso. No prometemos su aceptación por un tribunal.

No instalamos dispositivos, no grabamos en espacios privados ni utilizamos medios técnicos ocultos. Las fotografías y vídeos solo se obtienen cuando lo permite la ley del país y siempre incluyen las condiciones de obtención.

Según tres criterios: legalidad en la jurisdicción concreta, proporcionalidad respecto del encargo y respeto de la vida privada. Si falla cualquiera de ellos, el método no se utiliza, aunque sea técnicamente posible.

Sí, es un encargo habitual: se registran indicios de uso regular, el estado del inmueble y las circunstancias observables desde zonas de acceso público, dentro de los límites legales. No se documentan espacios interiores.

Se incluye en el informe como no confirmado, con el período y las condiciones del trabajo. Siempre aclaramos que la ausencia de confirmación no significa que el hecho no ocurriera. La falta de resultado no se presenta como prueba de lo contrario.

Cada episodio recibe un código, fecha, intervalo temporal, contexto del lugar, descripción del hecho observado, fuente, grado de respaldo y limitaciones. Se distinguen el hecho establecido, la conclusión analítica, la suposición y la información de terceros.

Factual Verification: desde 3 000 €; Extended Documentation: de 6 000 a 18 000 €; encargos internacionales: bajo consulta. El coste depende del país, la duración y el número de especialistas y ubicaciones. Los gastos de terceros se acuerdan de antemano.

Se transmiten por un canal protegido y el acceso se limita al cliente y a las personas que este designe. Cuando es necesario, se mantiene una cadena de custodia para poder rastrear la procedencia de cada material.

Solo el cliente y el equipo jurídico que haya designado, con sujeción a las obligaciones legales aplicables. Los materiales y la existencia del encargo se tratan de forma confidencial.