El riesgo también puede surgir dentro del círculo de confianza

A personas con acceso habitual o relevante a usted, su familia, su hogar, información, activos o procesos de la empresa: asistentes, conductores, personal de seguridad, personal doméstico, asesores, gestores de activos, empleados clave y contratistas. La investigación debe tener un fundamento jurídico y un alcance proporcional al nivel de acceso.

Depende de la jurisdicción, la naturaleza de la relación y el alcance de la investigación. En las relaciones laborales, la necesidad y validez del consentimiento se evalúan antes de comenzar. Las fuentes abiertas y los registros corporativos pueden ofrecer un mayor alcance de investigación, pero siempre deben respetarse los requisitos sobre datos personales.

La investigación de antecedentes permite conocer a la persona. La investigación del entorno añade una dimensión: el nivel de acceso. Una misma circunstancia tiene distinta relevancia para un contratista que acude una vez al año y para un gestor de activos. Los resultados se contrastan con la función concreta que la persona desempeña para usted.

Sí, es un encargo habitual, ya que el personal doméstico tiene acceso a las rutinas, los espacios y la familia. La investigación se realiza de forma respetuosa y sin intromisiones en la vida privada. Se verifican la identidad, la trayectoria profesional y las circunstancias judiciales accesibles, sin investigar detalles de la vida íntima.

Sí, cuando sea admisible y se haya acordado. Confirmamos el empleo y la función declarada mediante fuentes accesibles. Los motivos de finalización de relaciones anteriores solo se investigan cuando la información es accesible por vías lícitas; no se completan mediante suposiciones.

Se examina información abierta: insolvencia, procedimientos de cobro, obligaciones pendientes e indicios capaces de generar un conflicto de intereses. Una deuda o una dificultad financiera no justifican por sí solas una conclusión sobre la falta de fiabilidad de una persona, y el informe lo indica expresamente.

Sí, mediante un programa: las funciones se clasifican por niveles de acceso, se define un estándar de investigación para cada nivel y los resultados se presentan de forma homogénea. Este enfoque resulta más práctico y económico que investigar a cada persona por separado sin un criterio común.

Para funciones con acceso elevado, aproximadamente una vez al año; para contratistas, antes de cada contrato importante; y para personal doméstico, cada año y medio. Puede ser conveniente una revisión extraordinaria al ampliar facultades, ante un conflicto o si existen indicios de filtración.

Basta con la función de la persona, el país y el nivel de acceso previsto. Los datos personales y documentos se solicitan después de acordar el alcance, el fundamento jurídico y un canal seguro de transmisión.

Únicamente el cliente y las personas que designe: asesor jurídico, recursos humanos o responsable de seguridad. No entregamos materiales a terceros ni informamos a la persona investigada salvo que lo requiera la normativa aplicable o el procedimiento acordado.

El alcance de los datos se limita a lo necesario para el encargo concreto. No se recopila información sensible sin fundamento, y la conservación y transmisión siguen el procedimiento acordado. Si se necesita el consentimiento de la persona o una notificación, lo indicamos antes de comenzar.