Un activo rara vez desaparece sin dejar rastro: suelen cambiar el propietario, la jurisdicción o la forma de control

Activos sujetos a registro o divulgación: empresas y participaciones, bienes inmuebles, vehículos, aeronaves, buques, derechos societarios, garantías reales e intereses patrimoniales que constan en fuentes públicas. El alcance depende de la jurisdicción: en algunos países los registros son abiertos y en otros la divulgación está limitada.

Sí. La búsqueda internacional es nuestra principal modalidad de trabajo. En cada jurisdicción se tienen en cuenta sus registros, los costes de acceso y las limitaciones legales. El número de países influye directamente en el plazo y el precio.

No. No identificamos cuentas bancarias de acceso restringido ni sus saldos: esa información está protegida por el secreto bancario y solo puede obtenerse mediante procedimientos jurídicos oficiales. Trabajamos con fuentes empresariales, registrales y abiertas, sin prometer información que no pueda obtenerse de forma lícita.

Sí, y con frecuencia los activos se localizan por esa vía. Examinamos las empresas en las que la persona ocupa o ha ocupado cargos, las personas vinculadas y el historial de transmisiones. La titularidad a través de una persona jurídica puede rastrearse cuando la estructura resulta visible en los registros.

Mediante un conjunto de indicios: coincidencia de representantes y direcciones, contrapartes comunes, naturaleza de las operaciones y mantenimiento de funciones de gestión. La conclusión se identifica siempre como analítica, sin presentarla como un hecho establecido. La calificación jurídica corresponde a un jurista del país pertinente.

Sí. Se revisan las garantías reales y las limitaciones conocidas cuando la información es accesible. Esto importa para evaluar las perspectivas: un activo puede existir y, sin embargo, soportar cargas que hagan poco viable su ejecución.

Sí. La cronología de transmisiones es una parte esencial del trabajo. Prestamos especial atención a los hechos inmediatamente anteriores a una controversia, una ejecución o una insolvencia. La valoración jurídica de esas actuaciones corresponde al equipo jurídico.

El informe aporta una base para que el equipo jurídico decida dónde y cómo actuar. Por sí solo no es un documento procesal ni sustituye a las actuaciones jurídicas de embargo o ejecución.

Basta con el nombre de la persona o empresa, los países conocidos, la finalidad de la búsqueda y cualquier información disponible sobre los activos. Cuanto más precisa sea la información inicial, más directo será el proceso de investigación.

La búsqueda de activos suele requerir 7-12 días laborables; la búsqueda internacional, 15-30 días laborables. Las estructuras complejas con fideicomisos y varias jurisdicciones requieren una estimación específica del plazo.

Recibirá un informe de las jurisdicciones, los registros y las personas vinculadas que se han examinado, con indicación de las limitaciones de divulgación. La ausencia de hallazgos también aporta información y puede evitar gastos en vías de cobro sin perspectivas. No presentaremos una suposición como un activo localizado.

No se divulgan los datos del cliente, la finalidad de la búsqueda ni el desarrollo del trabajo. No contactamos con la persona investigada ni con su entorno para evitar que la otra parte tenga conocimiento de la investigación.