Antes de firmar conviene verificar las circunstancias que sustentan la operación

La investigación de una empresa analiza su estructura, propietarios, beneficiarios finales, personas vinculadas e historial societario. La debida diligencia de una operación se centra en una transacción concreta. Examinamos las partes, las facultades, el objeto del contrato, las obligaciones y las circunstancias que afectan a la decisión de firmar. La investigación independiente de la estructura de propiedad corresponde al servicio de Debida diligencia de empresas.

Utilizamos el contrato como fuente de las condiciones declaradas: identificamos las disposiciones relevantes y las contrastamos con los hechos sobre las partes y el activo. El asesor jurídico realiza la revisión jurídica del texto, valora la redacción y emite el dictamen. Aportamos la base fáctica que le permite decidir cómo formular las condiciones.

Dentro de las fuentes disponibles, se comprueban el cargo, los datos registrales de la persona y las facultades recogidas en los documentos facilitados. Las limitaciones establecidas en estatutos o acuerdos internos requieren acceso a esos documentos. Por ello, algunas cuestiones se trasladan a la contraparte mediante solicitudes del poder, los estatutos vigentes o el acuerdo del órgano competente.

Sí, en la medida en que pueden consultarse legalmente: registros públicos de garantías y restricciones, documentación judicial y de ejecución, procedimientos de insolvencia e información societaria publicada. Las obligaciones que no se revelan no pueden identificarse por completo. El informe distingue lo corroborado de lo que no pudo comprobarse y señala las cuestiones que el equipo jurídico debe abordar mediante declaraciones contractuales u otras medidas.

Sí. Cada jurisdicción se examina por separado porque la información disponible varía: algunas publican socios y cargas; otras solo permiten confirmar la inscripción. El informe indica los datos obtenidos en cada país y las limitaciones de las fuentes. Los plazos dependen del número de jurisdicciones y de los procedimientos para obtener documentos oficiales.

La discrepancia se documenta por separado, con ambas fuentes y sus fechas. No se deduce la intención de la parte: la diferencia puede deberse a datos desactualizados, un error o una revelación incompleta. El cliente recibe una pregunta concreta para la contraparte y valora su efecto sobre la operación junto con el equipo jurídico.

Sí, es una modalidad habitual. Los abogados identifican las condiciones relevantes que requieren comprobación fáctica. Recopilamos y contrastamos la información y entregamos materiales con sus fuentes y grado de corroboración. Cuando es necesario, participamos en el análisis de los resultados y ajustamos el alcance durante las negociaciones.

Una investigación acotada puede realizarse con rapidez si hay una sola parte, la jurisdicción ofrece acceso a las fuentes y las condiciones relevantes están definidas. Varias jurisdicciones, las solicitudes de documentos oficiales o la reconstrucción de hechos pueden ampliar el plazo. Ofrecemos una estimación realista después de fijar el alcance y no prometemos resultados imposibles de obtener en el tiempo indicado.

Para la evaluación inicial basta con identificar las partes, el objeto de la operación, los países y la fecha prevista de firma. Así podemos evaluar la admisibilidad, la profundidad necesaria y el plazo. En esta fase no se requieren contratos, pasaportes ni documentos bancarios; su eventual entrega se acuerda por un canal adecuado.

Perfil de las partes, verificación de facultades, documentos examinados, mapa de obligaciones y personas vinculadas, cronología relevante, discrepancias detectadas, mapa de riesgos jurídicos y fácticos, confirmaciones pendientes, preguntas para la contraparte y límites de la investigación. Los hechos corroborados se distinguen de las conclusiones analíticas y las hipótesis de trabajo.

Los materiales se preparan como base fáctica para el equipo jurídico, con fuentes, fechas y grado de corroboración. La admisibilidad de un documento como prueba corresponde al tribunal conforme a las normas aplicables; no garantizamos de antemano su aceptación procesal. Si el encargo se vincula desde el inicio a una controversia, se encuadra en Análisis previo al litigio.

El contacto, el contenido del encargo y los resultados se tratan de forma confidencial, dentro de las obligaciones legales aplicables. Los requisitos de información a la persona investigada se valoran conforme al derecho correspondiente; utilizar fuentes accesibles no los elimina por sí solo. El acceso interno se limita a los participantes del proyecto y el envío de documentos se acuerda por separado.