Una vulnerabilidad puede convertirse en una amenaza cuando un tercero identifica cómo aprovecharla

La verificación de antecedentes permite conocer quién es una persona y qué puede confirmarse sobre su pasado. La evaluación de vulnerabilidades examina qué circunstancias de su entorno podría utilizar otra parte y en qué orden conviene abordarlas. La primera estudia la trayectoria; la segunda analiza posibles escenarios futuros.

Sí, es uno de los encargos habituales. Se examinan la información pública sobre la familia, sus rutinas, su círculo de asistentes y personas con acceso, así como las huellas digitales que exponen lugares y horarios. No recopilamos datos de menores más allá de lo necesario ni aceptamos encargos que vulneren la vida privada.

Sí, el entorno es uno de los ámbitos principales. Examinamos quién tiene acceso a la información, si existe dependencia de una persona y si hay relaciones conflictivas o intermediarios informales. La evaluación utiliza fuentes legalmente accesibles, sin vigilancia ni contacto con las personas examinadas sin acuerdo previo y una base legal adecuada.

Sí, dentro del ámbito de las fuentes abiertas: puntos de contacto accesibles, reutilización de direcciones y números, exposición de información interna e indicios públicos de filtraciones. El servicio no incluye el acceso a correspondencia, dispositivos ni cuentas privadas.

En ocasiones es posible identificar a las personas a quienes podría resultar útil la información accesible y confirmar vínculos entre distintos episodios. No siempre puede atribuirse una amenaza de forma concluyente a una persona concreta, y no presentamos las suposiciones como hechos establecidos. El informe indica el grado de corroboración de estas conclusiones.

Permanece en el informe como no verificado, con indicación del motivo: una fuente de acceso restringido, falta de confirmación independiente o diferencias entre países. Estos factores siguen formando parte del análisis, pero su prioridad se evalúa teniendo en cuenta la incertidumbre para orientar las medidas adecuadamente.

Sí, y a menudo es necesario: cierta información no disponible en una jurisdicción puede ser accesible en otra. Para cada país se tienen en cuenta las fuentes y las restricciones legales aplicables; el número de países influye directamente en el plazo y el coste.

Para una evaluación inicial basta con describir qué necesita proteger, qué circunstancias le preocupan, qué países están implicados y si se han producido incidentes. En esta fase no se envían documentos ni datos personales; solo se solicitan después de acordar un canal adecuado para su transmisión.

La evaluación inicial suele requerir de 5 a 7 días laborables y la evaluación completa, de 10 a 20. La revisión estratégica depende del número de objetos de protección, países y de la complejidad del contexto; el plazo se determina tras la reunión inicial. El cómputo comienza una vez acordado el alcance.

El acceso se limita al cliente y a los especialistas que este designe, sin perjuicio de las obligaciones legales aplicables. No compartimos los materiales ni revelamos el encargo a terceros ajenos a ese marco. Si los resultados se destinan a un equipo jurídico, técnico o de seguridad, la estructura del informe se acuerda previamente.

Sí. Lo tenemos en cuenta al estructurar los materiales: las conclusiones se distinguen de las hipótesis, cada hecho relevante incluye su fuente y fecha, y las medidas se formulan para que los especialistas puedan utilizarlas sin explicaciones adicionales. Usted designa a los destinatarios.

La información sobre el cliente, el objeto de protección y el contenido del encargo se trata de forma confidencial, con sujeción a las obligaciones legales aplicables. Dentro de Blackfile, el acceso se limita a los especialistas que participan en el encargo. No contactamos con personas del entorno sin su autorización específica y una base legal adecuada, ya que ese contacto puede alterar la situación.