Antes de iniciar una relación, conviene saber con quién se está tratando realmente

La investigación de antecedentes permite conocer a una persona: su biografía, funciones y obligaciones. La debida diligencia es más amplia y está vinculada a una decisión concreta. Además de la persona, examina documentos, empresas, beneficiarios finales, origen de los fondos y circunstancias de la operación. El resultado se presenta como un perfil de riesgo para esa decisión. La investigación de antecedentes es una de las áreas que puede incluir la debida diligencia.

Sí, es una de nuestras principales áreas. Se examinan la identidad y los documentos, la biografía y actividad, las empresas y funciones, los indicios de exposición política y sanciones, las circunstancias judiciales, el contexto reputacional y el origen de los fondos. La profundidad depende de la decisión: aceptar a un cliente, realizar un nombramiento, establecer una alianza o invertir requieren alcances distintos.

Verificamos la información contenida en el documento: coherencia interna de sus datos, indicios accesibles de discrepancias y correspondencia con fuentes independientes y el formulario. La confirmación oficial de su validez corresponde a una fuente autorizada o a un proveedor especializado. Nuestra investigación es analítica y no constituye una verificación estatal.

Es un nivel ampliado que se aplica cuando un error puede tener un coste elevado o cuando la investigación básica plantea dudas. Incluye empresas vinculadas, estructura de titularidad y beneficiarios finales, varios países, exposición política y sanciones, información adversa en medios, análisis del origen de los fondos y verificación de las discrepancias detectadas. El resultado es un informe detallado con un mapa de riesgos.

Sí. Se consultan las listas oficiales de sanciones y restricciones, así como la condición de persona con funciones públicas de la persona investigada y de sus vinculados. Una coincidencia de nombre no es suficiente: hasta confirmar la identidad, se trata de una coincidencia técnica, y así se indica expresamente.

El origen de los fondos se refiere a los recursos concretos utilizados en una operación o relación: venta de un activo, ingresos de una actividad o dividendos. El origen del patrimonio se refiere a la base patrimonial y profesional del capital acumulado en su conjunto. El primero explica de dónde procede ese dinero; el segundo, cómo se formó el patrimonio total. Las decisiones importantes suelen requerir ambos análisis.

Sí, y a menudo resulta decisivo: una estructura que parece sencilla en una jurisdicción puede tener empresas vinculadas en otras. En cada país se consideran sus registros, el alcance de la información publicada y los costes de acceso. El número de jurisdicciones influye directamente en el plazo y el precio.

Se recorre la cadena de titularidad: de la empresa a sus socios, de estos a sus propietarios, hasta llegar a personas físicas. Cuando los registros de beneficiarios finales son de acceso restringido, se utilizan indicios indirectos: representantes, domicilios, contrapartes e historial de funciones. Las conclusiones basadas en esos indicios se clasifican como evaluaciones analíticas y se distinguen de los hechos establecidos en el informe.

Una discrepancia no implica una conclusión adversa automática. La contrastamos con una segunda fuente independiente, indicamos qué documento o explicación podría resolverla y la incluimos en una sección específica del informe, con una evaluación de su relevancia. Algunas discrepancias se explican por cambios en la escritura del nombre, diferencias normativas o datos registrales desactualizados.

Para la evaluación inicial no se requieren documentos: basta con describir el objeto, los países y la decisión. Después, los materiales dependen del encargo: documentos de identidad, documentación corporativa, contratos o acreditación del origen de los fondos. Solo se solicitan una vez acordados el alcance y un canal seguro de transmisión.

La modalidad inicial suele requerir 4-7 días laborables; la reforzada, 10-20. La modalidad internacional compleja depende del número de personas o entidades y jurisdicciones, y su plazo se determina tras una evaluación. El cómputo comienza una vez acordado el alcance y recibidos los datos iniciales, no con el primer contacto.

Únicamente el cliente y las personas que designe: equipo de cumplimiento normativo, equipo jurídico o consejo de administración. Los materiales no se entregan a terceros y se transmiten por un canal seguro acordado. La persona investigada no es informada salvo que lo requiera la normativa aplicable o el procedimiento acordado.